“La otra violencia de género: entre la denuncia y el derecho a estudiar Editorial Desde el comienzo de 2018 se podía vislumbrar un conflicto que se anunciaba en los muros de la Facultad de Filosofía y Letras, a partir de las denuncias anónimas de acoso sexual de un grupo o grupos de feministas radicales, también anónimas. En estos muros las alumnas denunciantes señalaron nombres y fotos de los supuestos acosadores, estudiantes en su mayoría. Los nombres de algunos profesores aparecían en una lista, el de una profesora también, destacó entre este listado la denuncia contra un profesor de Geografía.    La forma de la denuncia anónima ha sido justificada por el colectivo de las mujeres que desde noviembre tienen tomadas -a la vista cerradas y abandonadas- las instalaciones de la Facultad de Filosofía ante la falta de respuesta de las autoridades. Esta forma anónima violenta los derechos de los acusados porque en nuestras leyes se presumen inocentes hasta que se les comprueben los hechos denunciados en su contra. Las denuncias, algunas muy denigrantes, fueron toleradas a lo largo de varios meses por las autoridades de la Facultad. Entre 2018 y 2019 fue creciendo el número de acusados entre estudiantes y profesores. Las denuncias se incrementaron con pintas en los baños. La comunidad masculina comenzó a preocuparse y los profesores se veían temerosos de ver sus nombres señalados. Las profesoras se mantuvieron distantes y sin darle importancia a estos murales.    Cuando aparecieron las primeras denuncias fue evidente entre las jóvenes estudiantes la influencia del affaire de las actrices hollywoodenses que se habían alzado contra el millonario productor Weinstein, quien las habría acosado desde décadas atrás; a partir de este escándalo de impacto mundial las denuncias proliferaron y se aliaron a la campaña mundial de #metoo muchas organizaciones de mujeres. La pauta de una movilización feminista se dio-una vez más- desde la comunidad de mujeres estadunidenses que promovieron una protesta muy bien estructurada, de primer mundo. Como mujeres muy empoderadas denunciaron el acoso de que habrían sido víctimas y esperaron pacientemente durante años hasta contar ellas mismas con un poder que les garantizara el éxito de su denuncia hecha de manera abierta, ante los medios y los tribunales.    Durante 2019 en la Facultad siguieron apareciendo cada vez más denuncias que ya contaban con relatos de los supuestos acosos, e inclusive violaciones. La UNAM cuenta con un Protocolo de atención de estos casos, pero el camino seguido por estas estudiantes privilegió la denuncia anónima y la exigencia de castigo inmediato a los señalados como culpables; el tono de reclamo creció utilizando la amenaza y las acciones violentas de las pocas jóvenes movilizadas. Ante la pasividad de las autoridades se fueron empoderando y endureciendo sus posiciones realizando paros frecuentes hasta tomar la decisión de parar las actividades académicas desde Noviembre de 2019 y hasta la fecha de este escrito.    El semestre 2020-1 ha sido suspendido y no aparecen visos de lograr la devolución de las instalaciones que afecta a una comunidad de doce mil personas. Las demandas de las militantes solo parcialmente pueden ser satisfechas en las estrechas márgenes institucionales para resolver un problema existente de violencia contra las mujeres que se extiende en todas las culturas y en todas las naciones y no solo en México y su Universidad. Es un problema que atañe muchas esferas de la vida cotidiana donde la cultura, la educación, las condiciones sociales, económicas y hasta judiciales quedan fuera del ámbito universitario para satisfacer las demandas de las mujeres movilizadas.    La cerrazón para la negociación democrática, inteligente y reflexiva de las jóvenes que pretenden desconocer derechos de los terceros involucrados en sus denuncias, es un obstáculo para llegar a soluciones donde se privilegien los derechos humanos no solo de estas jóvenes sino de toda la comunidad. Los daños en la vida institucional son evidentes y existe una mayoritaria comunidad que ya exige que autoridades y militantes lleguen a acuerdos y que se reanuden las actividades de una Facultad donde la enseñanza, el aprendizaje y la investigación son prioritarios.    La incapacidad para solucionar institucionalmente este conflicto ya vislumbra escenarios violentos de enfrentamientos entre los estudiantes que desean continuar con sus proyectos, que están seriamente afectados en sus avances académicos y quieren recuperar sus espacios, a los que tienen derecho indiscutible, ante un grupo minoritario con una visión restringida y unilateral de mirarse solo a sí mismas y desconocer a una comunidad hasta ahora tolerante y pasiva. En una institución académica como es la Facultad de Filosofía y Letras que ha privilegiado la inteligencia, la reflexión, la comprensión de la diversidad ideológica y la movilización social justa, las autoridades deben estar a la altura de tener la capacidad de dar soluciones que privilegien los derechos humanos de todos